Danilo Medina ha presentado al Congreso el proyecto de Ley que establece
un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional
inscritas irregularmente por el Estado Dominicano en el Registro Civil
dominicano y sobre naturalización.
El proyecto de ley se ha logrado tras un amplio y plural proceso de
reflexión y consulta, en el que se han tenido en cuenta las aportaciones
de diversos sectores de la sociedad dominicana.
Esta iniciativa legal responde al compromiso del Presidente de encontrar
una solución humanitaria, mesurada y responsable, para las personas
nacidas en la República Dominicana, cuyos padres son de origen
extranjero y se encontraban en el país en situación irregular.
Ha tomado tiempo llegar a este texto, porque debíamos encontrar un punto
de equilibrio entre posiciones encontradas. El proyecto que se propone
cuenta con un gran respaldo, porque logra ese objetivo y es fruto del
consenso.
La meta siempre fue llegar a una solución que cumpliera con dos
objetivos fundamentales: por un lado, salvaguardar los intereses
nacionales y el estricto cumplimiento de la legalidad de la República y,
en particular, las sentencias del Tribunal Constitucional. Y, por otra
parte, garantizar los derechos fundamentales de todas aquellas personas
que residen en territorio dominicano, especialmente los de aquellas
personas que han nacido y se han criado en el país.
Aunque todas las personas que son objeto de este proyecto de ley
comparten dos características -haber nacido en la República Dominicana y
ser hijos de padres extranjeros- se han dividido en dos grupos
distintos, de acuerdo a su estatus documental actual y, en consecuencia,
se han establecido soluciones distintas para la problemática de cada
uno.
En un primer grupo se encuentran aquellas personas, nacidas en la
República Dominicana, cuyas actas de nacimiento fueron otorgadas por
funcionarios públicos de manera irregular.
Hablamos, en este caso, de personas nacidas en la República Dominicana,
que siempre han vivido en nuestro país, que se sienten dominicanos y que
en todos los casos cuentan, además, con un documento oficial emitido
por el Estado Dominicano que les permitió desarrollar su vida civil con
certezas y expectativas concretas basadas en dicha documentación.
Para ellos, la ley dispone que sus documentos sean regularizados. Se
evita así la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por
circunstancias en las que no tuvieron participación alguna.
Un segundo grupo, de características distintas, es el de hijos de
extranjeros que nunca han tenido documentos. Esta población deberá
acogerse al Plan de Regularización de Extranjeros en condición
irregular, actualmente en proceso, para obtener un estatus migratorio
que le permita residir legalmente en el país.
Además, aquellos que puedan acreditar fehacientemente su nacimiento en
el país, tendrán un plazo de 90 días para solicitar su registro en el
libro para extranjeros, contemplado en la Ley General de Migración No.
285-04.
Tras completar el debido proceso de regularización y obtener el estatus
migratorio correspondiente, de acuerdo a las categorías existentes en la
actual Ley de Migración, los hijos de extranjeros nacidos en la
República Dominicana, solo podrán optar al proceso ordinario de
naturalización, tal y como está ya estipulado en la ley que rige la
materia, pasados 24 meses desde la obtención de su estatus regular.
En conclusión, la Ley que el Congreso tiene ahora en sus manos es una
solución justa, fruto del consenso social y de la reflexión. Alejándose
de los extremos retóricos, esta iniciativa supone una oportunidad de
modernizar nuestros registros documentales, al tiempo que da una
solución práctica para que todas las personas nacidas en el país puedan
continuar sus vidas con dignidad y terminar así con este ciclo de
irregularidades que permitirá al Estado Dominicano en lo sucesivo una
mayor regulación de los flujos migratorios.
Tal y como afirma la exposición de motivos que el Presidente Medina ha
remitido junto a la propuesta “este proyecto es una ocasión histórica
para avanzar en la construcción de un país con verdadera igualdad y
justicia social. Un país sin exclusión y sin discriminación, en el que
los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la
República Dominicana caminan de la mano con un mismo fin: propiciar la
felicidad de las personas.”
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