Agregó que podrías ser prisión correccional, pago
de multas y trabajo comunitario dependiendo de la magnitud del caso,
Domínguez Brito hablo en esos términos, durante una rueda de prensa,
donde advirtió sobre las consecuencias no sólo en el ámbito penal, que
puede generar el mal uso de este sistema y la violación a la indicada
ley.
“La República Dominicana ha dado un paso
trascendental gracias al esfuerzo y la voluntad del presidente Danilo
Medina, quien pone en ejecución la primera etapa de este Sistema
Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad, para lo cual será la
colaboración y concienciación de todos los actores y sectores de la
vida nacional”, aseguró Domínguez Brito.
Además, exhortó a los padres informar a sus hijos
sobre cómo utilizar el 9-1-1 en caso de emergencia y a concienciarles
para que no hagan un uso incorrecto de esta herramienta.
Con relación a unas 400 primeras llamadas
molestosas que han recibido a través del sistema, dijo que el Ministerio
Público no abrirá proceso, sino que visitará a unas ciento cincuenta
personas de cuyos números aparecen registradas, para concienciarlas
sobre las consecuencias que podría generar ese tipo de acción. .
Manifestó que a lo que la ciudadanía debe
abocarse es al uso prudente y responsable del 9-1-1, ya que a su juicio,
el intento de vulneración al mismo, no sólo conlleva sanciones penales
contra los infractores.
“Tenemos que ser conscientes de que, si utilizamos
de forma inadecuada este sistema, podríamos poner en riesgo la vida y
la seguridad de otras personas, que quizás en un momento necesite la
asistencia médica o policial y que, por esa llamada innecesaria,
probablemente no recibiría respuesta pertinente.
Dijo que desde la Presidencia existe mucha fe en
que el 9-1-1 nos permitirá, bajo una red unificada de servicios
públicos, garantizar la seguridad, la asistencia y la tranquilidad de
todas las comunidades en donde operará inicialmente todo este engranaje.
Ahora corresponde a la ciudadanía desarrollar una cultura de uso debido
y responsable, para el beneficio de todas y todos”, exhortó el
procurador.
Igualmente alertó sobre el cuidado de toda la
infraestructura que conlleva el sistema del 9-1-1, específicamente en lo
referente a las mil 300 cámaras de monitoreo que desde ya se han ido
instalando en todo el perímetro del gran Santo Domingo y otros
municipios.
También, advirtió que la destrucción de la Cámaras
de manera abusiva, conlleva sanciones drásticas y que pudieran
catalogarse en un momento determinado como atentado contra la seguridad
nacional.
“Todos estos equipos, tanto las cámaras de
monitoreo, como las motocicletas, ambulancias y camionetas que han sido
puestos a la disposición de la Policía Nacional, Salud Pública, Amet y
el Cuerpo de Bomberos, así como las señalizaciones codificadas
especialmente para hacer posible la identificación de puntos vulnerables
y que han sido colocadas en las distintas calles y avenidas, deben ser
cuidadas por todas y todos”, expresó.
Al mismo tiempo, agregó “no podemos permitir que
personas sin tacto y sin consciencia se dediquen a destruir nada de esto
y si llegara a suceder, que sepan que igualmente la ley contempla
sanciones en estos casos”.
La Ley 140-13, promulgada por el presidente de la
República, licenciado Danilo Medina, busca dotar al país de una
herramienta tecnológica que permita integrar todas las instituciones que
tienen como responsabilidad la seguridad pública, para que la población
de manera rápida pueda canalizar y recibir respuestas oportunas a sus
situaciones de emergencias, a través de un medio único, práctico y
eficiente.
Destacó que la indicada ley contempla sanciones
con multas de uno a cinco salarios mínimos del sector público en los
casos de llamadas molestosas, obscenas, morbosas e insultantes, así como
contra aquellos que manipulen, sin autorización, los equipos, los
programas informáticos y otros aparatos utilizados para la prestación de
los servicios del sistema.
Iigualmente contempla sanciones con multas de
cinco a quince salarios mínimos del sector público por la comisión de
infracciones tales como realizar llamadas de manera fraudulenta e
ilegal, así como en los casos que se compruebe fueron realizadas para
reportar situaciones falsas de emergencias.
Se impondrán sanciones similares además por
acciones tendentes a ocasionar daños a las redes y a los equipos de
comunicación o a cualquier otro elemento necesario para la prestación
del servicio, así como en los casos de interferir o interceptar las
comunicaciones del sistema, o afectar en cualquier otra forma su
funcionamiento, como consecuencia de conexiones o instalaciones no
autorizadas.
Conforme expresa dicha normativa, en adición a las
indicadas sanciones, también se impondrán penas complementarias de
trabajo comunitario, no remunerado, por un período no mayor de ocho
horas y la obligación de recibir orientaciones educativas sobre el
Sistema Nacional de Atención.
La Ley 140-13 prevé que cuando los organismos de
socorro se presenten al lugar de la falsa emergencia, se considerará
como una infracción grave, la cual será sancionada con multas de treinta
salarios mínimos del sector público y prisión correccional.
Por TERESA CASADO.
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