Los
alegatos con que el director de Aduanas, Fernando Fernández, se opone a
la modificación de la ley que crea ese organismo dejan mucho que
desear. Es inconcebible que en el marco de un Estado democrático el
funcionario defienda procedimientos sumarios en lo que respecta a la
retención y disposición de mercancías introducidas de contrabando.
Ninguna entidad pública debe contar con esa facultad, que por demás se
presta a abusos de poder.
No es Aduanas a la que corresponde calificar y decidir sobre la
retención de un contrabando, sino a los tribunales, que es lo que se
busca con la revisión de la ley que crea esa entidad. Es posible que
bajo la gestión de Fernández no se haya incurrido en el más ligero
abuso, pero tampoco puede descartarse en el futuro. Que Aduanas cuente
con autonomía administrativa y financiera es una cosa.
Pero que cumpla con la función de tribunal al sancionar supuestas
acciones ilícitas representa una extralimitación de sus funciones.
Huelga señalar que son muchos los abusos que tanto en el presente como
en el pasado se han atribuido a la entidad en la valoración e
incautación de mercancías.
No hay comentarios:
Publicar un comentario