
No es Aduanas a la que corresponde calificar y decidir sobre la retención de un contrabando, sino a los tribunales, que es lo que se busca con la revisión de la ley que crea esa entidad. Es posible que bajo la gestión de Fernández no se haya incurrido en el más ligero abuso, pero tampoco puede descartarse en el futuro. Que Aduanas cuente con autonomía administrativa y financiera es una cosa.
Pero que cumpla con la función de tribunal al sancionar supuestas acciones ilícitas representa una extralimitación de sus funciones. Huelga señalar que son muchos los abusos que tanto en el presente como en el pasado se han atribuido a la entidad en la valoración e incautación de mercancías.
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